Dirigentes del Colectivo
Anticorrupción de la Región Lima, responsabilizaron directamente al Gobierno
Regional de Lima, y algunos de sus funcionarios por los ataques sufridos el último
sábado en Santa María.
La llegada del presidente
Ollanta Humala, para la inauguración de una obra, fue el escenario propicio,
para que este colectivo hiciera llegar una copia de la acusación fiscal hecha
en contra del titular de la región.
El hecho ameritó que un
grupo de matones impidieran que tanto Néstor Roque Solís y Epifanio Rodríguez
Mayo, sufrieran la sustracción de sus pertenecías y bienes personales.
“Ha habido una preparación
para que no se difunda esta acusación fiscal contra Javier Alvarado” destacó, Roque
Solís.
Indicaron que la detención
de los presuntos responsables de estos hechos, el director regional de producción,
Manuel Díaz Carrillo, saliera en defensa de estos sujetos “argumentando que
sólo eran cuestiones políticas”.
“Para nosotros es una preocupación
como el Gobierno Regional, está involucrado en este tipo de cosas, como un
funcionario, supuestamente de alto nivel esta abogando para que liberen a esas
personas” dijo, Epifanio Ramírez Mayo, quien sufrió el robo de 1800 soles y
tarjetas de crédito.
“Hasta ese momento no tenía
conocimiento ni estaba enterado que los chicos estaban vinculados con el
Gobierno Regional, pues los tomé como unos delincuentes comunes y corrientes”
aseveró.
Ambos concuerdan que esta
situación e reflejo de la situación que afronta el presidente regional ante la
acusación fiscal por el caso de Lunahuaná que se le investiga.
Sin embargaron cuestionaron
duramente a la Fiscalía provincial de Huaura por la demora en la celeridad del
proceso de las más de diez denuncias presentadas en contra de Alvarado, lo que
se contradice con aquellas presentadas en contra de la vicepresidenta, Lita Román.
“Presumimos a que todo se
deba a que el ministerio publico ha recibido una camioneta y el poder judicial
grupos electrógenos” puntualizó.
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