(La República) No escarmientan. El alcalde
provincial de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, a pesar de enfrentar 18
investigaciones y procesos judiciales por presunta corrupción de funcionarios,
se ha lanzado a la reelección por el Movimiento Manos Limpias. No es broma.
Pero Torres no es el único. El alcalde chiclayano lidera una lista de 126
burgomaestres provinciales -de un total de 195 en el país–, que enfrentan
acusaciones por diversos actos ilícitos.
Esto
significa prácticamente que 7 de cada 10 alcaldes provinciales en el país debe
responder por alguna imputación de corrupción durante su gestión.
La
alcaldesa provincial de Lima, Susana Villarán, acumula 15 denuncias. Pero en su
caso, se trata de investigaciones preliminares.
De
acuerdo con cifras de la Procuraduría Anticorrupción –que ha desplegado un
ejército de 200 abogados para hacer un seguimiento de 21 mil 807
investigaciones fiscales y juicios–, tres burgomaestres provinciales tienen 13
casos cada uno que deben responder ante las autoridades que les atribuyen
presuntos delitos contra la administración pública. Ellos son Mercedes Castro
Arteaga, de Julcán, Lambayeque; Máximo Chipana Hurtado, de Concepción, Junín; y
Adela Jiménez Mera, de Maynas, Loreto.
En
el ranking de alcaldes provinciales a quienes se imputa presuntos actos de
corrupción sigue en la lista con 12 casos Alfonso Santiago Gregorio, de Carlos
Fermín Fitzcarrald, de la región Áncash. A continuación, con 11 casos, sigue
Renán Saavedra Sandoval, de Mariscal Cáceres, región San Martín.
En caso peculiar es el de la alcaldía provincial de Huancané, en Puno. Tres burgomaestres que sucedieron en el periodo 2011-2014 tienen que rendir cuentas por 10 denuncias de corrupción. Ellos son: Hernán Bizarro Chipana, Faustino Mamani Pilco y Feliciano Pérez Machaca.
En caso peculiar es el de la alcaldía provincial de Huancané, en Puno. Tres burgomaestres que sucedieron en el periodo 2011-2014 tienen que rendir cuentas por 10 denuncias de corrupción. Ellos son: Hernán Bizarro Chipana, Faustino Mamani Pilco y Feliciano Pérez Machaca.
Y
con 9 acusaciones, los alcaldes provinciales de Tocache, Corina De La Cruz
Yupanqui; y de Chepén, José Lías Ventura.
La
mayoría de burgomaestres provinciales sometidos a proceso investigativo fiscal
son de la región Puno. Suman 13 alcaldes (Carabaya-Macusani, Chucuito-Juli, El
Collao-Ilave, Huancané, Lampa, Melgar-Ayaviri, Moho, Puno, San Antonio de
Putina, San Román-Juliaca, Sandia y Yunguyo).
Luego continúa, Cusco, con 12 (Espinar, Urubamba, La Convención, Chumbivilcas, Acomayo, Canas, Cusco, Quispicanchis, Paucartambo, Anta, Calca y Santo Tomás).
Luego continúa, Cusco, con 12 (Espinar, Urubamba, La Convención, Chumbivilcas, Acomayo, Canas, Cusco, Quispicanchis, Paucartambo, Anta, Calca y Santo Tomás).
Territorio nacional
Después
sigue Lambayeque (Chepén, Santiago de Chuco, Virú, Sánchez Carrión, Pataz,
Otuzco, Pacasmayo, Ascope, Julcán, Chiclayo y Ferreñafe) y Áncash (Asunción,
Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald. Huaraz, Huari, Mariscal Luzuriaga,
Pomabamba, Recuay, Sihuas, Yungay y Marañón), con 11 alcaldes; y San Martín
(Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, Tarapoto, Tocache, Bellavista,
Huallaga y Lamas), con 9.
La
Procuraduría Anticorrupción ha debido desplegar un mayor esfuerzo para que sus
abogados hagan un seguimiento a las investigaciones fiscales y a los procesos
judiciales. La corrupción gubernamental es una verdadera epidemia.
"Hemos
detectado en todo el país aproximadamente 454 casos en agravio de las
municipalidades provinciales en todo el país, sin contar más de 3 mil
casos de alcaldías distritales. El total de expedientes representa el 25%
de lo que tenemos en nuestras manos, lo que significa que la corrupción afecta
especialmente a los gobiernos locales provinciales y distritales", explicó
el procurador Christian Salas.
Según
información que maneja la Procuraduría, en la actualidad 1,620 alcaldes en
actividad y en retiro se encuentran investigados o enjuiciados.
Los
delitos más frecuentes que se les imputa a los burgomaestres son los de
peculado, colusión y malversación de fondos debido a la ausencia de controles.
"Uno
de los problemas que enfrentamos es que algunos despachos fiscales –pese a que
la ley lo establece– no notifican a la Procuraduría Anticorrupción sino a la
procuraduría de la municipalidad agraviada, lo que afecta la defensa del Estado
porque algunos de esos funcionarios no cumplen con su trabajo", señaló
Christian Salas.
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