Los voceros oficialistas
hablan con alegría y soberbia sobre una eventual disolución del Congreso, si éste
procede a negar el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido ahora
por Pedro Cateriano. En el entendido que se trata de una segunda vez, de
acuerdo al Artículo 134 de la Constitución “El Presidente de la República está
facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza
a dos Consejos de Ministros”.
Pero, a renglón seguido dice:
“El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo
Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha
de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente”.
Teóricamente, la decisión presidencial podría darse a fines de abril o primeros
días de mayo
Líneas abajo la Constitución añade: “Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta”.
¿De qué se ríe Josué Gutiérrez (Gana Perú), cuando afirma que ahora todos quieren dialogar con Cateriano por temor a que se disuelva el Congreso?
En principio, mientras se pone en marcha el proceso electoral para elegir a los nuevos congresistas y hasta cuando se instale el nuevo Congreso, sigue en funciones la Comisión Permanente, que tiene 26 integrantes titulares y 26 suplentes. Entre los titulares, la oposición tiene los cuadros más caracterizados del fujimorismo, el aprismo y otros opositores al régimen. Entre ellos, Alejandro Aguinaga, Héctor Becerril, Juan Díaz Dios, Rolando Reátegui, Karla Schaeffer, Mauricio Mulder, Javier Velásquez Quesquén, Víctor Andrés García Belaunde, Luis Iberico y Rosa Mavila. Todos ellos tendrán tribuna libre para oponerse, opinar o ejercer control político.
¿Cuál es la función de la Comisión Permanente en el interregno parlamentario, es decir el intervalo desde que se interrumpen y se reinician las actividades del Congreso? En este lapso, dice la Constitución “el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, una vez que éste se instale”.
A decir verdad, se mantendría un similar statu quo. Como se sabe, el Congreso, salvo excepciones, ha dado luz verde a las propuestas del Ejecutivo, excepto en el retroceso que dio en el caso de la Ley Laboral Juvenil, que fue de hecho un escándalo y un grave error político del oficialismo.
¿Pero qué viene luego? Siguiendo este escenario de disolución, el nuevo Congreso se instalaría entre setiembre y octubre de 2015, para quedarse hasta el 28 de Julio de 2016.
Seguro que los voceros
oficialistas están confiados que van a tener mayoría o el control total del
nuevo Parlamento. Pero esto es una aspiración que puede significar un duro
golpe para ellos, un portazo en la cara. Es más probable que los “nuevos”
congresistas sean mayoritariamente de la oposición (y casi todos sean los
mismos de ahora) o de alianzas regionales con proyección al 2016 y que se
encargarían de desestabilizar al Gobierno nacionalista, exigiendo el
cumplimiento de ofertas electorales incumplidas.
Pero viene más. De acuerdo al Artículo 135, “Reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros, o negarle la cuestión de confianza, después de que el Presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario”.
Es decir, vueltas de trompo, la misma historia, que contribuirán a un cansancio e impaciencia de la población, a una inestabilidad política histórica, que bien pudo haberse evitado. El nuevo Congreso puede desbaratar en una sola jornada todo lo avanzado por el Poder Ejecutivo.
Si bien hay ambigüedades en esta parte de la Constitución, como lo ha dejado en claro Enrique Bernales, el escenario constitucional no permite así tan fácil una supuesta victoria para el Gobierno nacionalista y menos para estar poniéndose soberbios.
Parece más bien que en la mente de algunos voceros oficialistas, subyace la idea de un golpe de estado o de un escenario de guerra con Chile, por el tema del espionaje. Pero este es otro cantar, mucho más grave que el trámite de disolución e instalación de un nuevo Congreso y que no quisiéramos que pase nunca.
En cualquier caso, todos los peruanos estamos perdiendo y mucho; más aún cuando se ha acentuado el descontento popular en algunas regiones (caso Pichanaki y Tía María), amplios sectores están sufriendo los efectos del cambio climático, con muerte y destrucción y se avecina un temible Fenómeno El Niño, que no se sabe cómo va a afrontar el Ejecutivo.
La inestabilidad política está latente, todo por la falta de cintura y oficio político y sobre todo por falta de responsabilidad democrática en las altas esferas del Gobierno, guiado siempre por la improvisación. Ojalá que Pedro Cateriano haga bien su tarea, sea bien asesorado por demócratas a carta cabal, y deje de estar enfrentando al país, porque no se trata de su chacra, sino de un país de 30 millones de personas que queremos bienestar y crecer en paz.
Miguel Risco Esquen - Asesor
de PCM-
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