Fue admitido ante el despacho de fiscalía la denuncia formulada en contra de algunos funcionarios del Gobierno Regional, incluido el titular del pliego y otros responsables ante los presuntos hechos irregulares cometidos durante el proceso de licitación de laptops.
Según el documento que recae en manos del fiscal, Yuri García Cano, no se habrían cumplido con algunas especificaciones que demandaba el proyecto inicial Mejoramiento de Aplicación de tecnología de la información y comunicación TICS, en los niveles primario y secundario.
Para lo cual el consorcio Trimega fue el encargado de realizar la entrega de los equipos en un plazo de 47 días el cual vencía el 3 de enero de este año, sin embrago se amplió este plazo por 22 días más a solicitud de la empresa contratista.
La denuncia especifica también de la guía de remisión Nº 002-062823 que consignaba 100 unidades de laptops para las provincias de Cajatambo, Oyón y Yauyos las cuales por la diversidad geográfica del terreno era necesario que funcione sin problemas técnicos hasta los 4 000 msnm.
“Sin embargo se redujo la altitud en un misterioso término de más de 3.00 metros sobre el nivel del mar y el certificado de buen funcionamiento por el de una declaración jurada” indica el documento.
“Así mismo en el citado dictamen se menciona que en el acta de recepción de fecha 21 de diciembre del 2011 aparece una firma del Lic. Marcelo Lévano Solari, totalmente distinta a la que él suele emplear” refiere en la denuncia.
Ante ello uno de los denunciantes, Epifanio Ramírez Mayo sostuvo que existe la posibilidad de incluir en una ampliación de la denuncia a los consejeros regionales, por algunas omisiones cometidas durante el proceso de investigación que realizó una comisión conformada por estos.
“Estamos viendo esa parte de incluirlos porque en sendas reuniones, como es sabido, hubo una posición ambigua con respecto al proceso de exoneración pues ha sido un vaivén que no ha sido una definición clara, ellos debieron ceñirse única y exclusivamente a lo que dice la ley” explicó.
Por el momento el Ministerio Público ha dispuesto promover las diligencias preliminares en contra del presidente regional en la modalidad de peculado así como también en contra de Ricardo Zevallos, Juan Gutiérrez, William de la Vega y Óscar Mattos en la modalidad en agravio del Gobierno Regional.
De igual forma se ha dado un plazo de 30 días para recabar las declaraciones de los denunciantes, de los tres último involucrados en el caso y de igual forma a los consejeros regionales integrantes de la comisión investigadora además de otorgarles a estos últimos un plazo de 48 horas para que remitan ante la fiscalía copias certificadas de los documentos recabados para la elaboración de su dictamen final.
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