Postergada quedo la
audiencia oral en Cañete a la que fue
citado el presidente regional, Javier Alvarado, como parte del proceso judicial
iniciado en su contra por el caso Telefónica.
Una vez instalada la sala, la
disposición emitida por el juez Pablo Huertas Mogollón, del Juzgado Penal
Unipersonal de Cañete, tuvo que postergar la audiencia ante la no presencia de la
defensa de Javier Alvarado y la ex regidora del distrito de Lunahuaná, Maite Chuquipoma
que no asistieron.
La situación legal del
presidente regional, que tendrá que ser debatida en tribunales, ha generado una
serie de posiciones en las nueve provincias sobre los argumentos de defensa que
buscan probar su inocencia en este caso.
Para el colectivo anticorrupción
que integran los ex aliados de la actual gestión regional, asumen que el pedido
de habeas corpus en la Corte de Chincha, solo busca dilatar el proceso más de
la cuenta.
Sin embargo para Luis
Enrique Fernández Estrella, gerente general del GORELI, califica como un
ensañamiento personal la posición asumida por este colectivo, amparado en un
derecho de legítima defensa que los magistrados deberían tener en cuenta en
este caso.
“No es para que se deje sin
efecto el juicio o se archive, sino para que se retrotraiga el proceso hasta el
momento en que se conculcó este derecho” dijo.
“Consideramos que la Fiscalía
de Cañete no ha motivado ni ha sustanciado su acusación de este último delito
en contra del presidente Alvarado por lo tanto la reapertura no sería un acto totalmente
legal” agregó.
Pues considera que se estaría
vulnerando el derecho de investigarse el caso y haber ido en contra de una
resolución que declaraba archivado el proceso anteriormente.
Indico que rebatirán los
argumentos de la fiscalía al considerar que no cuentan con los argumentos ni
asideros legales correspondientes “por lo que pediremos la absolución” mencionó
el gerente quien descarto que la ausencia de los abogados sea parte de alguna
estrategia.
Los presuntos delitos que se
investigan son malversación de fondos, peculado y colusión por el embargo
realizado a las cuentas de la empresa Telefónica por casi 3´489,000 soles, de losque se acusa por aparente malos manejos en su
administración en ingreso en las arcas de la municipalidad de Lunahuana, cuando
Alvarado fue alcalde en ese distrito.
Para
este 26 de agosto en el penal de Cantera está prevista la próxima audiencia
donde deberán comparecer todos los involucrados para el inicio de este proceso.
1 comentario:
J. Alvarado es un peligro en la calle, debe ser juzgado como REO EN CÁRCEL por tranquilidad de la fe pública y paraque no hayan mas demoras en este proceso que casi lleva 12 años. Se necesita una sentencia justa pero también rápida...justicia que demora NO es justicia.
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