Sostienen
que los fundamentos de la misma carecen de verosimilitud y sustento y esperan
que los magistrados adopten una decisión correcta y se pueda evitar un
conflicto social en esta parte del valle.
“Queremos que los
magistrados tengan un poco de tino por lo que pudiera ocurrir en la empresa”
dijo Rubén Alor, secretario general del sindicato de trabajadores.
La orden de
desalojo mantiene enfrentados a ambas posiciones al interior de la empresa
sobre la venta de las acciones que algunos consideran se desarrolló de una
forma aparentemente irregular.
“Sabemos
que hay un grupo que está manejado por el grupo Wong manejando a un grupo de
trabajadores llamados “ñuñistas” que han ido al Ministerio del Interior a
presionar para que se efectué el desalojo” dijo, alegando que estos serían
gente contratada para este fin.
Hace más de
un año fue presentado el pedido de amparo el cual no ha tenido respuesta por
parte de tribunales, generando pérdidas para la empresa debido a tensa
situación por el control de la administración que los trabajadores reclaman
como un derecho legítimo.
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